¿Both side of the counter?

¿Habrá que ponerse los anteojos de leer contrataciones? ¿O fijarse si sos pariente de algún funcionario?

(Publicado en Clarín 17-03-2008)

http://www.clarin.com/diario/2008/03/17/elpais/p-00901.htm

Ciudad: cuestionan la relación de funcionarios con empresas

La oposición critica la vinculación de algunas contratistas con el Gobierno porteño.

Ya pasaron tres meses desde la asunción de Mauricio Macri, pero una polémica recién comienza. Es que la puesta en marcha de las primeras licitaciones, el origen empresario de funcionarios de su Gobierno y los fuertes lazos que unieron al grupo Macri con las obras públicas porteñas abrieron la discusión sobre los recaudos de transparencia que deben tomarse en estos procesos. El 8 de marzo, Clarín dio cuenta de las suspicacias que había despertado la firma del contrato para iniciar la construcción de dos canales aliviadores del arroyo Maldonado, para evitar inundaciones. La obra quedó a cargo de una empresa italiana, Ghella, socia de la argentina IECSA, una constructora que hasta 2007 perteneció al grupo liderado por Franco Macri. El desprendimiento de esa compañía se anunció el mismo día del lanzamiento de la candidatura de Mauricio. Y el que la compró fue el empresario Angelo Calcaterra, sobrino de Franco, primo de Mauricio y aportante de su campaña. Ghella es una empresa reconocida a nivel mundial y trabaja en la construcción desde 1894, con especial dedicación a los subterráneos. Ganó esta licitación por haber hecho la oferta más conveniente: US$ 150 millones para aliviar al Maldonado, contra los 210 y 280 millones de sus competidores. Macri anunció que la obra adjudicada iba a costar finalmente US$ 200 millones. El temor opositor es que esa cifra se siga abultando, por el mecanismo de redeterminación de precios contemplado en la legislación. ¿Quién tiene que aprobar esos hipotéticos ajustes, por mal tiempo, inflación o extensión de plazos? Respuesta: funcionarios macristas que también tuvieron vínculos con el grupo Macri. Para que ministros y secretarios porteños no queden de los dos lados del mostrador, y se eviten irregularidades en negocios con el Estado, dos diputados porteños del Frente para la Victoria, Pablo Failde y Gabriela Cerruti, presentarán hoy un proyecto de ley de ética pública, que propone aumentar las precauciones. Cerruti, que integró el gabinete de Jorge Telerman y luego se inclinó hacia el kirchnerismo, creó un equipo para investigar el entramado de relaciones entre funcionarios macristas y el mundo empresario. Elaboró un informe, donde señala zonas inquietantes para la limpieza de la gestión. Dice por ejemplo que el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, encargado de examinar todo lo que firma Macri, “se encuentra vinculado a más de 10 sociedades anónimas, participando en el directorio de las mismas. Los objetos sociales de estas sociedades van desde implementar proyectos para la explotación de servicios públicos hasta actuar como consultoría económica, financiera y comercial”. El estudio menciona que dos S.A., Webcor Inversora y Alverton, fueron creadas entre agosto y setiembre de 2007, cuando Macri ya avanzaba hacia la jefatura porteña. Se pregunta además si puede llegar a tener incidencia en la gestión del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que tiene bajo su órbita al Ente de Turismo, su vinculación con la industria turística y, por ejemplo, la promoción que hizo -antes de asumir- de un hotel gay en el barrio de San Telmo. Lombardi no pertenece al grupo Macri. El informe de Cerruti plantea dudas además sobre la reciente renuncia de Enrique Huergo a la presidencia de Autopistas Urbanas. Huergo alegó “motivos personales”, aunque una versión señalaba que se alejó por diferencias con el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, quien suspendió en enero la construcción de una subida a la autopista 25 de Mayo en el Parque Chacabuco. Huergo había trabajado para la firma Dycasa que, entre otras obras, construye autopistas. Como Elisa Carrió hace dos meses, Cerruti cuestiona también el papel del empresario Nicolás Caputo, un amigo de la secundaria de Macri que fue designado en la Capital (luego hubo marcha atrás) y estuvo vinculado a obras públicas porteñas. Voceros macristas niegan que este panorama influya en las decisiones del jefe de Gobierno y resaltan que todo se está haciendo en el marco de la ley. Pero los diputados opositores dicen que se deben extremar los recaudos y los controles “porque el presupuesto de este año destina más de dos mil millones de pesos a obras de infraestructura y pueden caer en empresas del grupo familiar”.

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